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21/03/2019 - 10:55 - Madrid (España)

El Gobierno quiere aprobar con urgencia la ley que entierra el castellano

Las autonomías del PP piden reforzar el papel del Estado en materia educativa y la ministra, Isabel Celaá, califica la propuesta de «retrógrada»

El Gobierno pretende llevar su nueva ley educativa a las Cortes el mes próximo o, incluso, a finales de enero. Es decir, dentro de poco más de 20 días. La ministra de Educación, Isabel Celaá, negó, sin embargo, que hubiera otra urgencia «que la de resolver problemas muy duros que pivotaban sobre el sistema».

El texto, que permitirá a la Generalitat desterrar definitivamente el castellano de las aulas, debe pasar aún por el Consejo de Estado antes de llegar al Consejo de Ministros para convertirse en Proyecto de Ley y, así, ser enviado a las Cortes para su aprobación. Sin embargo, el Gobierno seguirá adelante, diga lo que diga la comunidad educativa, así como el supremo órgano consultivo del Gobierno. «No hay por qué esperar al informe del Consejo de Estado», defendió Celaá. «No es obligatorio», la acompañó Fernando Gurrea, subsecretario de Educación y FP.

El anteproyecto de Ley Orgánica por el que se pretende modificar la LOE, aprobada por los socialistas en 2006, y derogar la Lomce (más conocida como «Ley Wert») está saliendo adelante en medio de fuertes críticas, no solo de la oposición, sino también de amplios sectores educativos, como el de la concertada y sindicatos, que no entienden la premura en aprobar el nuevo texto, sobre todo cuando ven una absoluta falta de consenso.

Durante la presentación del texto a las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación que tuvo lugar ayer, el PP criticó la «falta de diálogo». Además, se tildó al nuevo anteproyecto del Gobierno de « chapuza cósmica» y se advirtió de que la reforma permitirá a las comunidades hacer lo que quieran y «con impunidad contar la historia que deseen, con los resultados que ya hemos visto en Cataluña». «Hoy ganan los independendistas», criticó Fernando Rey, consejero de Educación de Castilla y León.

El anteproyecto pasó el martes por el pleno del Consejo Escolar del Estado y fue aprobado por un escaso margen de votos. Se aprobaron un total de 120 enmiendas a la nueva ley que el Gobierno aseguró que evaluará incorporar. Lo que consiguió Celaá en el pleno del máximo órgano consultivo del Estado en materia de educación es mantener la vía libre que la nueva ley da a comunidades como Cataluña para decidir cuántas asignaturas imparte en castellano y cuántas en catalán.

¿Cómo lo ha conseguido? El informe de la Comisión Permanente del Consejo Escolar criticaba que el nuevo texto asignaba un uso marginal a la lengua castellana por lo que no consideraban conveniente que la «Administración Central haga delegación total de su uso vehicular en el ámbito educativo a las administraciones autonómicas». Sin embargo, esta consideración finalmente fue eliminada.

Para frenar situaciones como esta, el consejero de Educación de Madrid, Rafael van Grieken, en nombre de todas las comunidades del PP (Castilla y León, Galicia, Murcia y La Rioja), pidió la «devolución del anteproyecto» y puso sobre la mesa de la Conferencia Sectorial la posibilidad de «potenciar y reforzar las competencias que tiene el Estado» en el marco de la Constitución. Entre ellas, el establecimiento de un currículum común para toda España, una alta inspección del Estado que cumpla su función y, en definitiva, que las comunidades gocen de una igualdad educativa para toda España, puntualizó van Grieken. El consejero de Madrid también aseguró que las comunidades deben aplicar la normativa estatal «con la mayor lealtad posible; lealtad que no en todas las comunidades ha estado presente», en alusión a Cataluña, «donde se ha producido una desviación con respecto a los parámetros nacionales». El reforzamiento de competencias fue calificada por Celaá como «retrógrada». «Nuestra propuesta es constitucional y es amparar la España de las autonomías», defendió la ministra.

El PP se quiso desmarcar de la exigencia de Vox para garantizar la investidura en Andalucía (horas antes de cerrarse el acuerdo) e insistió en lanecesidad de «reforzar» las competencias del Estado, pero no de «devolverlas», tal como pretendía el partido de Santiago Abascal. «Es un disparate devolver las competencias», dijo Rey. Y los del PP no fueron los únicos. Los consejeros del PSOE también se opusieron a esta opción. La consejera de Andalucía, Sonia Gaya, apuntó que la propuesta no resuelve nada, y que no se puede «decidir a 600 kilómetros las necesidades de una región concreta». «El autogobierno es fundamental y no vemos nada que justifique renunciar a él», criticó, por su parte, la consejera María Solana, de Geroa Bai, uno de los partidos que forman el Gobierno navarro.

Ambas consejeras apoyaron el texto del Gobierno como también lo hizo Vicent Marzà, el consejero de Educación de Comunidad Valenciana que aseguró sentirse contento por dejar «el paso atrás que supuso la Lomce». Sin embargo, pidió más avances, entre ellos, el fomento de la coeducación.

Cotización por las prácticas

Por su parte, las comunidades del PP exigieron un Pacto de Estado en materia de educación, y pidieron una ley que apueste por la calidad y equidad y que respete la libertad, «empezando por la elección de las familias, que deben ser libres a la hora de elegir el centro educativo para sus hijos», defendió Carmen Pomar, consejera de educación de Galicia. La consejera del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, reconoció su preocupación por la obligación de cotizar por las prácticas de los alumnos universitarios y de Formación Profesional. «Aunque no es competencia de Educación, pedimos que trasladen nuestra preocupación ante la nueva norma». Educación, por su parte, reconoció que sabía de esta nueva regulación incluida en un Real Decreto ley sobre revalorización de las pensiones públicas.

Fuente: www. abc.es

Publicado por: Andrea Lujano

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